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Propuestas para la transición energética

Uno de los mayores desafíos ecosociales del momento es la transición energética. Las organizaciones internacionales y las organizaciones de ámbito estatal (no todas) han acordado unos objetivos concretos para 2030 y 2050. También se han establecido estrategias generales. Su implantación ha generado, sin embargo, debates sociales e ideológicos sobre el terreno.

En Euskal Herria, se han constituido varias asociaciones con el objetivo de dar solución a estos debates. Entre ellos se encuentran Stop Fósiles y la Universidad Popular de Álava (AhU).

El primero se define así: “La asociación Stop Fósiles es un grupo de debate y socialización de propuestas sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo y en Euskal Herria y nuestra responsabilidad como pueblo, con especial atención a la problemática de los combustibles fósiles y la transición energética”.

AhU, por su parte, es la Asociación para la promoción de la Cultura y la Academia de Álava, un proyecto de abajo hacia arriba entre diversos ámbitos académicos y sociales. Hasta ahora AhU ha comenzado a debatir desde una perspectiva poliédrica de la economía ecológica, la geografía y el derecho, y la colaboración entre expertos y expertos se ha ido nutriendo. En la actualidad comparte algunas reflexiones sobre el cruce entre la transición energética y la planificación territorial.

Hemos solicitado a dos miembros de cada una de estas asociaciones que aporten su visión: Gorka Laurnaga Peña, de Stop Fósiles, experto en ecología política, y Unai Pascual García de Azilu, economista ambiental, de Ahu.

Stop Fósiles y propuesta NEB 50

Gorka Laurnaga Peña

Especialista en ecología política, miembro del grupo Stop Fósiles

Euskal Herria continúa en el siglo XX fosilista. El mix energético de nuestro Pueblo Petro tiene tres características principales: (1) Gran consumo —1,7 millones de automóviles y cinco aeropuertos—. (2) Dependencia de los fósiles -80% gas y petróleo. Y (3) la dependencia externa, que es de casi el 90 %. Debido a nuestra inquietante situación de partida, Por la vida, stop fósiles. Con el manifiesto De los combustibles fósiles a las renovables, por una transición justa y rápida, iniciamos la andadura de nuestro grupo el 28 de enero de este año, día internacional de la acción climática, para reivindicar que es hora de pasar del diagnóstico a la acción.

Una de nuestras principales preocupaciones es la dimensión del tiempo, porque lo que está en juego no es solo hacer la transición energética, sino hacerlo a tiempo. En este sentido, cabe destacar que en la CAPV no se han instalado parques renovables en los últimos veinte años. La energía solar y eólica es la medida más coste-efectiva disponible hoy en día según el IPCC y, por lo tanto, la de mayor potencial para una descarbonización rápida y escalable.

Para responder a las preguntas sobre el cuánto y dónde de la transición, hemos intentado realizar un ejercicio a través de la propuesta NEB 50 que se puede leer en nuestra página web. Nos hemos basado en los trabajos publicados por CLEVER Energy Scenario en Donut Ekonomia y Nature Communications para proponer los objetivos de transición para 2050. Se basa en el trinomio, la descarbonización y la soberanía SuficienciaEficiencia - Renovables (NEV). Resumiendo:

¿Cuánto? Las políticas públicas de suficiencia y eficiencia plantean una reducción del 45% en el consumo final de energía. Para alcanzar este objetivo, la electrificación debe ir acompañada de una transformación del modelo de movilidad y transporte, de una reconversión industrial guiada por los principios de la economía circular y de una profunda renovación del parque edificado.

¿Cómo? Hemos propuesto 10 principios para una transición justa y rápida, entre los que se encuentran la suficiencia, la soberanía, la compatibilidad con el territorio, el menor impacto y la democratización. Por ejemplo, en lo que se refiere a la propiedad, se propone que la mitad instalada sea pública para 2050.

¿Dónde? Se propone generar al menos el 50% de la energía final en el propio País Vasco. Se han modelizado dos escenarios: uno con una soberanía del 50% (lo hemos llamado NEB 50) y otro, más ambicioso, con un 66% (NEB 2/3). Dado que Navarra dispone de más recursos renovables, se propone instalar casi el triple de lo que se plantea allí para la CAPV. Por último, se propone la priorización de las zonas de menor sensibilidad, lo que requiere de una adecuada planificación territorial.

La NEB 50 puede definirse como un escenario mínimo, caracterizado por una fuerte caída del consumo, una mediana soberanía y, en la medida de lo posible, la utilización de la fotovoltaica en los tejados. En este escenario mínimo, se deberían instalar 5.000 MW nuevos entre parques eólicos y fotovoltaicos. En la actualidad existen unos 2.000 MW, de los que 1.500 son eólicos navarros. Por ejemplo, el proyecto eólico de Labraza cuenta con 40 MW. Una instalación fotovoltaica en el tejado de un frontón de 0,1 MW.

En este escenario, deberíamos tener alrededor de 700 aerogeneradores en todo el territorio —menos en número que los que existen actualmente, pero más grandes— y 7.200 hectáreas para la fotovoltaica para 2050. En conjunto, menos del 2% del territorio del País Vasco.

Necesitamos más propuestas y serán bienvenidas, ya que estamos en la época de las propuestas. Y, si no es aquí, ¿entonces dónde? Si no es esa bajada, ¿cuánto? Si no es ahora, ¿cuándo?

Transición ecosocial justa: El cambio climático, combinando naturaleza energética y territorio

Unai Pascual García de Azilu

Economista ambiental y miembro de AhU

AhU nació hace más de un año para reflexionar sobre la energía, el territorio y la lucha contra el cambio climático. AhU ha estado ofreciendo un diagnóstico del contexto actual de la transición energética en el País Vasco, marcado por una planificación territorial débil y plenamente asentada, analizando las consecuencias de la expansión de las infraestructuras energéticas en el territorio, el paisaje y la organización del espacio. AhU subraya la necesidad de abordar la transición energética justa como un proceso estratégico, colectivo y vinculado a la sostenibilidad territorial que va mucho más allá del sector energético.

La premisa de AhU es que la crisis ecosocial es nuestra, a veces invisible, y es el reflejo de la crisis global de la biodiversidad y el clima que se trenzan en ella. Frente a ello, subrayamos la necesidad de poner en marcha políticas públicas basadas en la reducción de la naturaleza, de los valores diversos de la sociedad vasca con respecto a ella y del uso de combustibles fósiles.

También concluimos que es imprescindible diseñar y poner en marcha lo antes posible las condiciones estructurales para la reconversión de nuestro metabolismo social vasco, muy alejado de la sostenibilidad. Es ahí donde situamos la necesidad de un modelo basado en las energías renovables que respete el territorio, a las personas que lo habitan y a la naturaleza.

La sociedad vasca en su conjunto ha de concluir sobre el modelo energético que ha de ser equitativo, teniendo en cuenta los diversos puntos de vista de la territorialidad vasca. Para ello es necesario compartir datos, procesos participativos y visiones y valores diversos. Para eso se ha creado AhU, para crear y compartir herramientas que puedan ayudar en ese camino. El reto es, sin duda, complejo.

Una de las conclusiones derivadas de las reflexiones de AhU es que, desde el punto de vista territorial, Euskal Herria cuenta con importantes leyes de ordenación del territorio y urbanismo. En la CAPV, por ejemplo, se encuentran la Ley de Ordenación del Territorio, las Directrices de Ordenación del Territorio, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. Sin embargo, los fundamentos de la ordenación del territorio son frecuentemente vulnerados. Por lo tanto, la sociedad debe estar atenta a fiscalizar la actuación de los poderes públicos. También hay que subrayar, por supuesto, la necesidad de dar respuestas conjuntas ante el riesgo de imponer a la sociedad el poder de lobby que tienen las grandes empresas privadas, como Solaria. De lo contrario, las teorías redondas sobre la transición se vuelven insignificantes.

Para hacer efectiva la transición energética, la gestión del territorio debe tener un tratamiento equitativo y democrático: se debe permitir la participación de los ciudadanos, garantizando el acceso a la información de forma transparente y accesible, teniendo en cuenta que el territorio es un bien público a proteger, independientemente de a quién pertenezca la propiedad. Por ejemplo, una política de ordenación del territorio no debe ser ajena a la protección de la naturaleza y a la política agraria. AhU aborda todos estos temas, con rigor técnico y recogiendo las reflexiones que surgen del pueblo.