Unai Ugalde

Según el plan, la Administración del Estado destinará 508.000 millones de pesetas a I+D en el año 2000. El objetivo del nuevo Plan es que en el año 2003 el gasto en I+D alcance el 1,3% del producto interior bruto (PIB) nacional. En 1998 este gasto ha sido del 0,8%. Ugalde ha recordado que actualmente en Francia este gasto es del 1,6% del PIB y en Japón del 3,3%. Teniendo en cuenta que en estos países el PIB es mucho mayor, se observa que la cantidad de dinero que destinan a la I+D es mucho mayor por parte de las administraciones y empresas. "Por lo tanto, el dinero que aquí se destina no es tanto", dice Ugalde. "Además, más de la mitad del dinero que gasta el Estado en eso se destina a gastos militares".

Este dinero se gasta en España en tres zonas: El CSIC (Consejo General de Investigaciones Científicas), entidad fundada hace 75 años y formada por funcionarios, en universidades y empresas. En opinión de Ugalde, las empresas investigan muy poco. Por lo tanto, no se puede afirmar que en el Estado exista un "sistema fuerte" de I+D. Indica que el sistema está mejorando pero que tiene debilidades claras y conocidas. Señala tres debilidades: que las empresas en general no investigan; que el ministerio controla demasiado a los investigadores; y que hay poca colaboración entre las instituciones que realizan la investigación y los investigadores. Según el Plan, los esfuerzos se centrarán en dos ámbitos: la investigación básica y su aplicación en las empresas. Y dentro de ellos también se han establecido prioridades en cada sector.

"Nosotros hemos participado formalmente en esta priorización, es decir, hemos asistido a las reuniones", dijo Ugalde. "Pero luego, para decidir, se realizan votaciones y los resultados no reflejan nuestra visión". Cada Comunidad Autónoma tiene sus propias características. Tanto la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) como Cataluña tienen peculiaridades diferentes a las del resto, y esto no lo recoge el Plan. "Creo que el Plan es fruto de la concepción del Estado. Nuestra estructura es diferente: nosotros, por ejemplo, tenemos una Universidad joven y no tenemos centros de investigación públicos".

El Gobierno Vasco cuenta con un plan de investigación y desarrollo que pretende concienciarse de las herramientas y recursos necesarios para ello. Todas ellas están definidas en el Estatuto de Autonomía, "pero las transferencias a la CAPV en este sentido son escasas".

En la CAPV se gasta el 1,2% del producto interior bruto en I+D, por encima de la media estatal. "Euskadi aporta al Estado cerca de 30.000 millones anuales en ciencia y tecnología. Pero en los programas de I+D del Estado sólo 5.000 millones vuelven a la CAPV. Esto se debe a que los centros de investigación españoles se encuentran históricamente en Madrid. Estamos en negociaciones, pero hasta que se constituya el nuevo gobierno del Estado no saldrá ninguna conclusión. Sin embargo, a pesar de que no se trata de una transferencia, ponemos dinero de nuestro presupuesto para consolidar el sistema de I+D de la CAPV".