¿Quién pone precio al medicamento?

El precio de los medicamentos no es un número frío pegado en un estante de la farmacia. El precio de un medicamento incluye investigación, patentes, riesgo, negocio, fuerza de negociación de los estados, vías marítimas, petróleo, guerra y finalmente el propio cuerpo del paciente. Y el precio determina el mercado al que un medicamento llegará antes y para quién será realmente disponible; no es lo mismo que el tratamiento exista que el tratamiento pueda pagarse, incluido el sector público.

En España está sobre la mesa la nueva ley de medicamentos, que pretende reordenar los precios, el suministro y el uso de genéricos. El objetivo, al menos en el papel, es claro: tratar los medicamentos no como productos de lujo, sino como bienes sociales. Pero cuidado: ser más barato no siempre es ser más accesible. Si el precio se estrecha demasiado, el productor puede irse. El estante de la farmacia estará barato, pero vacío.

El factor que más influye en el precio de los medicamentos es la patente. La patente es un monopolio temporal. Una empresa adquiere el derecho exclusivo de producir y vender un determinado medicamento durante unos años, durante los cuales ninguna otra persona puede comercializar genéricos sin su consentimiento. La promesa del sistema es conocida: premiar la innovación, recuperar la inversión e impulsar nuevos medicamentos. Cuando la patente termina, la magia ocurre. No magia artística, sino magia económica: se abre la posibilidad de producir medicamentos protegidos por la primera patente y los precios se desploman. El mismo medicamento, el mismo efecto terapéutico, pero mucho más barato. Entonces descubrimos que gran parte del alto precio no vivía en la propia molécula; sino en ausencia de competencia.

Y ahí nos ha aparecido Ormuz. A primera vista, parece una cuestión limitada al petróleo -cerrar un estrecho, encarecer el petróleo, inquietar los mercados -, pero los medicamentos también dependen de esas vías. Por mar y aire, se mueven en cadenas de frío; materias primas químicas, principios activos, envases y logística también forman parte del medicamento. En un contexto de creciente peso de los países del Golfo en la producción farmacéutica y los puntos estratégicos de distribución, la suspensión de una cadena de suministro no es solo una noticia económica; también es una alerta de salud pública.

También en los EE.UU. el tablero de juego de precios de medicamentos se está moviendo. El modelo de la “nación más favorecida” pretende rebajar los precios en Estados Unidos, comparándolos con los precios más bajos en otros países ricos. Esto puede crear un efecto dominó: las farmacéuticas pueden retrasar las comercializaciones, penalizar los países baratos o disfrazar los descuentos. Es bueno bajar el precio y no perder el acceso.

Por lo tanto, la cuestión no es solo si los medicamentos deben venderse más baratos o más caros, sino cómo pagar la innovación sin perjudicar a los pacientes. Creo que el camino es triple: precios más transparentes, una producción y suministro público más estratégicos, y un uso más riguroso de las patentes para recompensar la verdadera innovación, no los trucos para prolongar el monopolio.

Después de todo, el precio de un medicamento no es un secreto sagrado del mercado. Es un pacto social. Y en los pactos sociales, los ciudadanos tienen derecho a preguntar: ¿cuánto cuesta la salud y quién envía la factura?