Esther Larrañaga: “Por fin tenemos una política medioambiental”
Esther Larrañaga: “Por fin tenemos una política medioambiental”
La Ley determinará los aspectos de la política ambiental de la CAPV. A la luz de la nueva normativa, se desarrollará una política de prevención basada en la promoción de la producción limpia, la priorización de las actividades dirigidas al desarrollo sostenible y el aseguramiento del uso racional de la energía. En la Viceconsejería de Medio Ambiente, dirigida por Esther Larrañaga, han pasado cerca de dos años analizando los pormenores de la ley, buscando el consenso con los diferentes sectores de la sociedad y recogiendo las inquietudes de la ciudadanía. El resultado es la nueva Ley Ambiental de la CAPV.
Zetiaz-Elhuyar: La deuda acumulada desde hace 18 años es la que se liquidará con la Ley. ¿Cómo se puede entender que se necesita tanto tiempo para regular adecuadamente un campo tan importante?
Esther Larrañaga: Sin duda 18 años es mucho tiempo. Siendo la competencia prevista en el Estatuto, somos partidarios de su desarrollo y nos hemos esforzado en ello desde que llegamos al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Nosotros no podemos asumir la responsabilidad de lo que nuestros antepasados no han hecho; hemos querido trabajar de cara al futuro y, como les dijimos a la ciudadanía, estamos trabajando en recursos para el futuro. Por otro lado, y en lo que respecta al camino recorrido por nosotros, hay que tener en cuenta que el medio ambiente es un ámbito muy amplio; todo ello puede verse afectado por la agricultura, el derecho, la industria, la salud, etc. Por lo tanto, hemos tenido que trabajar una normativa que afecta a casi todas las áreas y eso no se hace una mañana. Antes de presentar el anteproyecto hablamos con muchos grupos en busca de consenso. Luego viene el paso del Parlamento, que en nuestra opinión es muy importante a la hora de completar y redondear la Ley.
N-D: Antes de llegar al Parlamento, se ha enviado el texto a unos 50 grupos para sugerencias y propuestas de enmiendas. ¿Qué respuesta habéis recibido?
R. L.: En general, hemos escuchado opiniones muy favorables antes de conocer la propia Ley, ya que la gente ha apreciado de una vez por todas que se ha abordado el problema y el esfuerzo realizado. En cuanto a las sugerencias, como puede imaginar, cada una ha dado prioridad a los detalles de su área y a nosotros, la verdad es que la información que nos han proporcionado nos ha resultado muy útil, porque mejor que nadie puede hablar de ello quienes trabajan en este campo.
N-D: Sin embargo, los grupos ecologistas han aportado menos de lo esperado...
R. L.: Así es. Nosotros pedimos a todos los grupos ecologistas que trabajan en nuestra comunidad que estudien la Ley y nos pongamos en contacto con nosotros. Algunos nos han reprochado que se les ha pasado poco tiempo, que nosotros hemos pasado dos años trabajando la Ley y que a ellos les hemos pasado muy poco tiempo para estudiarlo todo. No me parece aceptable este argumento, no se podría equiparar el diseño y redacción de la Ley con las enmiendas, y además todas las demás instituciones han tenido tiempo para hacerlas. No sé cuál es la razón real, pero puedo sospechar que no han querido participar, que han querido quedar al margen para no colaborar con las instituciones. En mi opinión, los grupos ecologistas deben comprender mejor que otras muchas organizaciones la importancia de esta Ley.
N-D: Entre los nuevos recursos previstos en la ley destaca el Estudio de Impacto Ambiental. ¿Qué nos enseñará la DIA?
R. L.: El objetivo principal de esta ley es la prevención, el conocimiento real del posible impacto de las diferentes actividades y, en la medida de lo posible, antes de que se produzcan, para lo que sirve la DIA. Este estudio se sigue realizando en la actualidad, si bien la Ley establece claramente cuáles son las obras o trabajos que deberán someterse al estudio de impacto. Hasta ahora este requisito era demasiado reducido y a partir de ahora la Ley utilizará la AEMA como una verdadera medida preventiva.
N-D: También se han recibido sugerencias de asociaciones empresariales. ¿Es obligatorio implicar a las empresas en el camino de la producción limpia?
R. L.: Sin duda, pero no lo harán por imperativo de la Ley, sino porque verán que ese es el camino. Y es que si queremos ser competitivos en el futuro, debemos producir limpio y con la menor cantidad de energía posible, no podemos utilizar más materias primas de las necesarias y tenemos que aprovechar más los materiales que los actuales. El medio ambiente no es un crédito sin fecha de caducidad, puede agotarse en ningún caso y debe evitarse y abrirse camino. En mi opinión, los empresarios vascos en general entienden y valoran positivamente todas aquellas acciones que se promuevan para la protección del medio ambiente. Es cierto que para poner en práctica todo esto hace falta mucho más que estar de acuerdo. Este proceso es imparable, pero hoy por hoy vamos a dos velocidades.
N-D: ¿Y la Ley prevé penalizaciones y multas para los que van a velocidad más lenta?
R. L.: Este es el aspecto más destacado de la Ley en muchos lugares. Es cierto que se han ajustado y actualizado las características de las multas, ya que las que tenemos en la actualidad estaban completamente obsoletas. No obstante, la Viceconsejería no ha querido incidir especialmente en ello: si el trabajo previo de formación y formación es suficientemente efectivo, las multas serán inferiores a las previstas.
N-D: En la actualidad la política ambiental de la CAPV está en manos de diferentes instituciones: Unión Europea, Gobierno central, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Mancomunidades, Ayuntamientos... ¿Cómo se coordinará el trabajo de estas entidades?
R. L.: Las instituciones estamos para escuchar las inquietudes de la ciudadanía y recoger sus propuestas y la nueva Ley también refuerza esas vías. Esto significa que todas estas instituciones tendrán competencia ambiental y tendrán que seguir respondiendo. Además, la Ley prevé la creación de dos nuevas instituciones: Consejo Asesor y Comisión Ambiental. En estos grupos se definirán las tareas de cada uno de ellos y se constituirán foros adecuados para el debate, la reflexión y la propuesta de nuevos proyectos. Cuando se dice coordinación, sin embargo, yo lo entiendo de otra manera. Creo que es normal y adecuado que las diferentes instituciones estén implicadas en la política ambiental, ya que la ciudadanía irá de uno a otro en función de sus inquietudes, necesidades o hábitos. El problema es que tenemos que tener una política ambiental única si queremos hacer las cosas correctamente. Y eso es lo que nosotros hemos propuesto: un marco que impulse la colaboración, el único, una brújula que guiará nuestro desarrollo.
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