La libertad de expresión se tambalea, incluso en Internet
2002/03/31 Mendiburu, Joana - Elhuyar Zientziaren Komunikazioa
Si eres de los que sólo utiliza Internet para leer el periódico, o si no lo utilizas de vez en cuando para recibir información sobre un tema, sepa que la nueva ley LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) ha puesto a bailar a todos los usuarios de Internet. ¡A continuación verás que no es para menos!
En concreto, son varios los apartados del anteproyecto que han suscitado el debate entre todos los grupos y usuarios de Internet. Entre otros, el derecho de la administración a sancionar o cerrar sitios web, la puesta en marcha del registro de direcciones de Internet y la gran cantidad de multas previstas son los aspectos más criticados del anteproyecto. Desde la tienda online hasta los sitios web personales, todos ellos estarían registrados y la administración, sin consultar a nadie, penalizaría o cerraría los sitios web según sus propios criterios. Además, se prevén multas muy caras de hasta 600.000 euros. Por tanto, la ley, al margen de la idea inicial, no sólo regulará la actividad de los sitios web con fines económicos.
¿De dónde viene la idea?
En junio de 2000, en pleno auge de Internet, la Unión Europea quiso impulsar el comercio en red, y para ello, sin perder tiempo, quiso dar el marco legal. Así, esperaba mejorar su posición con las compañías estadounidenses. El objetivo de esta directiva era sentar las bases para la legislación de quince países europeos. De esta forma, las empresas de cualquier país tendrían las mismas garantías jurídicas.
La directiva es muy general y pone a disposición de cada país puntos controvertidos como la definición del prestador de servicios o el debate sobre los mensajes comerciales no solicitados. Es decir, como propaganda que llega a los buzones de los hogares, decidir por correo electrónico si hay que medir la propaganda.
De acuerdo con esta directiva LSSI, en el Estado español existe un texto jurídico que regula el uso de Internet y el comercio electrónico. Según la versión oficial, es imprescindible para el desarrollo del comercio electrónico y de los servicios por internet. En su opinión, la ley ofrece a los prestadores y usuarios de servicios un marco legal. Pero los usuarios de Internet no coinciden con la versión oficial.
Ha pasado un par de meses desde que el Consejo de Ministros aprobó el LSSI. Ahora sólo falta el visto bueno del Parlamento. Al parecer, los trámites parlamentarios concluirán en septiembre y probablemente los grupos políticos de la oposición, al limitar la libertad de expresión en Internet, se oponen al proyecto. Pero es sabido quién tiene la mayoría absoluta en el Parlamento y la ley no debería tener problemas para salir adelante.
Eco de contrarios
Desde que el Ministerio de Ciencia y Tecnología presentó el borrador de ley, se ha realizado una amplia campaña de protesta entre los usuarios de Internet del Estado español. Los grupos políticos de la oposición parlamentaria y los colectivos de Internet han mostrado su oposición al proyecto.
En opinión de los abogados del sitio web Kripropolis.com, que ha apostado decididamente por los derechos de la red, la ley no es exacta y el derecho de un funcionario a cerrar un sitio web no es legítimo. Este tipo de decisiones deberían ser jurídicas y no estar en manos de la administración. Además, los internautas temen serias sanciones y denuncian que la información va a ser censurada. De hecho, el control administrativo (y no jurídico) podría cerrar los medios de comunicación independientes con una línea editorial no favorita o los buscadores que enlazan sitios web con una actividad delictiva.
El objetivo de estos grupos es rechazar el LSSI en el Parlamento. No les parece mal controlar en parte el comercio de Internet, pero no quieren que los sitios web que informan gratuitamente se mezclen con los que hacen transacciones económicas. La información es libertad de expresión y no mercancía.
En cuanto a las transacciones en Internet, recordad que el objetivo era dar marco legal a esta actividad, según el abogado Martí Manent, la sensación de seguridad que la ley genera en los consumidores va a ser más psicológica que real. De hecho, la existencia de una ley que protege las compras por Internet facilita la compra de la gente, pero hay que recordar que la legislación que protege los derechos de los consumidores lleva tiempo y sirve también para las compras en Internet. Denuncia que poco va a cambiar en ese sentido.
Por otro lado, la ley prohíbe el envío de anuncios por Internet sin el consentimiento del destinatario. Para muchos, al no regular los anuncios del buzón de casa, esta decisión es abusiva. Sin embargo, para el remitente el envío de anuncios por Internet es mucho más barato que los canales convencionales y, por tanto, es una actividad que, en ausencia de normativa, podría multiplicar enormemente. La cuenta de correo del destinatario puede ser completa. No obstante, la autorización del destinatario permitiría el envío de anuncios.
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