Los riesgos del progreso: ciencia, tecnología y debate social

2011/05/01 Rodríguez, Hannot - Consortium for Science, Policy & Outcomes (Arizona State University), eta Sánchez-Mazas Katedra Iturria: Elhuyar aldizkaria

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La ciencia y la tecnología son muy importantes para el bienestar y la competitividad económica de las sociedades desarrolladas industrialmente. La capacidad de innovación, es decir, de generar conocimientos y tecnologías comercializables, es clave para el progreso socio-económico de las sociedades.

Sin embargo, los avances en ciencia y tecnología generan riesgos ambientales y de salud. Los avances que impulsan la economía y nos facilitan la vida, en el contexto del industrialismo, imponen a la sociedad nuevos retos: residuos peligrosos, accidentes sociotécnicos, cambio climático, etc. Así, la ciencia y la tecnología, además de ser actividades a promover, son actividades a limitar.

Los países industrializados afrontan los riesgos del progreso a través del análisis del riesgo. El análisis del riesgo se realiza, en primer lugar, mediante la evaluación de riesgos, es decir, mediante un intento de adquirir conocimientos científicos sobre los riesgos de la ciencia y la tecnología. Posteriormente, y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del riesgo, se gestionan los riesgos, es decir, se aplican medidas de control político-legales a los avances de la ciencia tecnología.

Sin embargo, el análisis del riesgo no tiene como único objetivo ofrecer un desarrollo científico y tecnológico seguro. Su objetivo también es legitimar el progreso tecno-industrial. En definitiva, los análisis de riesgo se establecieron en el siglo anterior, a finales de los años 60, en el contexto de una crítica social fundamental de la sociedad industrial alimentada por la ideología de la contracultura. Por tanto, en lugar de debatir y transformar profundamente las bases político-económicas de la sociedad, los gobiernos occidentales establecieron los análisis del riesgo, convencidos de que se pueden controlar los riesgos del desarrollo tecno-industrial al servicio del crecimiento económico imperativo.

Sin embargo, el poder legitimador del análisis del riesgo es limitado en nuestras sociedades. En ocasiones, algunos sectores de la sociedad, argumentando el carácter peligroso de las innovaciones en ciencia tecnología, muestran una opinión y una actitud contraria a las innovaciones, si bien el análisis institucional del riesgo concluye que los riesgos asociados a estas innovaciones son aceptables. Este desacuerdo puede poner en cuestión la viabilidad de una economía basada en la innovación científico-tecnológica. En definitiva, la innovación necesita del visto bueno de la sociedad.

En un principio, las autoridades políticas y económicas atribuyeron a la ignorancia y a la información inadecuada que alimenta esta ignorancia: La sociedad se opuso a la tecnología científica por el desconocimiento de los riesgos "reales" y por recibir información sobre los riesgos de las innovaciones de los medios de comunicación que ofrecen principalmente una visión sensacionalista de los riesgos, es decir, catastrofista. De acuerdo con este diagnóstico, en la década de los 80, motivando sobre todo las actitudes sociales pesimistas que existían entonces ante la energía nuclear, se incorporó al análisis del riesgo la función de comunicación del riesgo, en la convicción de que una información "objetiva" de riesgo dirigida a la sociedad mejoraría su actitud hacia la innovación.

Las diferencias con las innovaciones científicas no pueden, sin embargo, atribuirse simplemente al desconocimiento o al temor irracional de la sociedad, por lo que la comunicación del riesgo no es capaz de dar una respuesta eficaz a los debates sociales que surgen por sí misma en torno a las innovaciones. De hecho, las actividades de ciencia tecnología y su contexto institucional también forman parte del problema.

Por ejemplo, los análisis de riesgo no siempre son tan precisos como se esperan y se producen accidentes que escapan a medidas de control, como los accidentes nucleares, que parecen casi imposibles (como Chernobil y Fukushima). Otras veces surgen problemas que ni siquiera fueron imaginados por expertos, como el cáncer asociado al uso del asbesto. La experiencia de la superioridad debilita, por tanto, la confianza social en el análisis del riesgo y aumenta la sensación de que las autoridades priman los intereses económicos asociados a las innovaciones y menoscaban los riesgos. Por ejemplo, un amplio sector de la sociedad de la Unión Europea ha rechazado la biotecnología aplicada a los productos agroalimentarios, en gran medida por considerar que tanto los responsables políticos como la industria no han tenido en cuenta los riesgos ecológicos y morales de la biotecnología.

Otra fuente de debate es la distribución social del riesgo. Es habitual que los vecinos que viven cerca de emplazamientos de tecnologías como antenas de telefonía móvil o incineradoras de residuos urbanos se opongan a estas tecnologías, ya que esta cercanía les hace más vulnerables a los efectos nocivos de la tecnología. En los países anglosajones se utiliza el acrónimo NIMBY para describir la siguiente situación: Not In My Back Yard, o "no en el patio trasero de mi casa".

Sin embargo, las posiciones críticas contemporáneas respecto a las innovaciones en ciencia y tecnología no son simplemente desacuerdos locales o "egoístas". Organizaciones no gubernamentales (ONGs) ecologistas que cada vez tienen más influencia social y política en nuestras sociedades, por ejemplo, promueven una crítica más global de la sociedad industrial, asumiendo los riesgos de la ciencia y la tecnología. Esta crítica busca el dominio técnico de la naturaleza y la ideología del crecimiento económico sin fronteras. En este sentido, el debate contemporáneo de seguridad también refleja una profunda inquietud cultural por la civilización científico-técnica.

El autor agradece al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco la concesión de una beca postdoctoral que le permitió trabajar en el centro de investigación Consortium for Science, Policy & Outcomes (Arizona State University) de EE.UU. en este artículo de análisis durante el bienio 2009-2010 (#BFI08.183).